Los beneficios económicos de implantar una educación infantil gratuita de calidad de 0 a 3 años en España serían ampliamente superiores a sus costes, según sostiene un estudio de la Universidad Nacional de Distancia (UNED), divulgado este lunes.
El trabajo calcula entre 5.400 millones y 7.500 millones de euros el coste de implantar este ciclo de Infantil, lo que supondría un aumento del gasto actual de entre 2.900 y 4.900 millones, teniendo en cuenta los permisos parentales igualitarios y las jornadas laborales semanales de 40 horas.
«Los beneficios ascenderían a 3.900 millones de euros generados en su mayoría de la creación directa de empleo. Además, de un aumento en la equidad y la igualdad de oportunidades», según el estudio de Cristina Castellanos, profesora de Economía Aplicada de la UNED, y la economista Ana Carolina Perondi.
A petición del Instituto de Estudios Fiscales, se analizó cuánto costaría y qué beneficios económicos supondría crear un sistema público de cuidados que permitiera que todas las personas tuvieran acceso a servicios de calidad, de forma similar a lo que ocurre con los servicios sanitarios.
A tenor de sus resultados, los beneficios directos de la puesta en marcha del nuevo sistema de educación infantil de 0 a 3 años ascenderían a unos 3.900 millones, «provenientes de la generación directa de empleo y la mayor disponibilidad de recursos de los hogares, que podrían usarse en otros sectores de la economía».
Por otra parte, los beneficios indirectos provenientes de la mayor participación de las mujeres en el mercado de trabajo se calculan entre los 1.800 y 6.200 millones de euros, por lo que los beneficios económicos totales de la implantación del nuevo sistema (entre unos 5.700 y 10.100 millones de euros) superan «ampliamente» los costes de funcionamiento del nuevo diseño de dicho tramo de Infantil.
Aparte de la vertiente económica, las autoras defienden la importancia de los «beneficios sociales, educativos, de bienestar infantil, igualdad de género e igualdad de oportunidades».
La implantación de esta política es «relevante para la equidad social de hombres y de mujeres y el bienestar infantil porque posibilitaría un reparto más equilibrado de las tareas de cuidado, y reduciría la penalización laboral de las mujeres que en la actualidad asumen en mucha mayor proporción las responsabilidades domésticas y de cuidado de la familia».
Lo que proponen las investigadoras es que el cuidado intensivo inicial (hasta alrededor de un año de vida) puede proveerse por madres y padres, sin que pierdan sus ingresos, con un sistema de permisos parentales remunerados que cubran ese tiempo.
La mayoría de los varones solo utilizan los permisos si están remunerados al 100% de sus ingresos previos (o a tasas similares) y si son intransferibles, es decir, que se pierden si no los usan.
Por tanto, para que ambos progenitores se corresponsabilicen del cuidado en esta etapa, los permisos parentales tienen que ser iguales para varones y mujeres, intransferibles y pagados al 100%, añade el trabajo.
Si el permiso parental cubriera hasta cerca del primer año, la siguiente política que ayudaría a asegurar el bienestar de los niños manteniendo los ingresos laborales de sus progenitores, dicen las investigadoras, sería un sistema educativo con cobertura universal de cero a tres años.
Fuente: cope.es
