En España hay casi 40 000 niños y niñas con necesidades educativa especiales, aproximadamente el 0,47 % del alumnado. Este alumnado tiene dificultades para aprender como los demás niños ciertas tareas básicas y específicas relacionadas con el desarrollo intelectual y los aspectos académicos. En pocas palabras, necesitan una atención especial porque tienen unas características físicas, mentales o emocionales que no son como las de la mayoría.
En España, la mayoría de los alumnos con necesidades educativas especiales –un 84,2 %– están escolarizados en centros ordinarios, sobre todo en centros públicos y concertados.
Son datos similares a los de otros países de nuestro entorno, como Francia (con un 80 % de los niños con necesidades educativas especiales en escuelas ordinarias). En países como Italia o Suecia estas cifras alcanzan más del 90 %, mientras que en República Checa representan solo el 8,6 %.
Por comparar, en Estados Unidos aproximadamente el 15 % de los estudiantes en escuelas públicas recibieron servicios de educación especial, lo que equivale a unos 7,5 millones de estudiantes.
La ley busca la inclusión, ¿pero se está consiguiendo?
Las diferentes leyes educativas españolas y la que está en vigor actualmente) coinciden en un objetivo en común: buscar la mejora de la inclusión dentro de las aulas y del entorno educativo español.
Sin embargo, la falta de recursos materiales y humanos, la escasa formación del profesorado, la falta de voluntad política y desigualdad territorial y la resistencia al cambio del sistema escolar tradicional, así como la segregación encubierta o directa, hacen que esta teoría que contemplan las leyes no se esté cumpliendo en la práctica.
Intenciones políticas
La inclusión de los niños y niñas con necesidades especiales en los centros educativos ordinarios forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. Su propuesta incluye convertir la educación en una prioridad de los gobiernos, con mayor inversión presupuestaria y acciones concretas como aumentar el número de docentes, mejorar los recursos de las escuelas y usar tecnologías de la información en el aula.
En general, los expertos insisten en aumentar la colaboración entre docentes, usar metodologías que faciliten el acceso al aprendizaje de alumnado diverso (agrupamientos heterogéneos, actividades adaptadas a las necesidades del alumnado y evaluaciones que permitan valorar diferentes capacidades) y, por supuesto, crear espacios accesibles para todos.
Para lograr la inclusión es importante que el liderazgo escolar esté también enfocado a ello, con un proyecto educativo que priorice reconocer y valorar la diversidad, la participación de todos, el cuestionamiento de la idea de normalidad y la búsqueda de aprendizajes provenientes de un proceso complejo, abierto al debate y a la crisis.
Tareas pendientes
No basta lograr un consenso legislativo y establecer programas y estrategias inclusivas si no se consigue llevarlos a la práctica en las aulas.
Para lograr una inclusión educativa eficiente, todavía quedan pendientes los siguientes aspectos:
- Informar y enseñar a los futuros docentes y los docentes en activo: Tanto aspectos teóricos sobre cómo son los diferentes trastornos de neurodesarrollo como sus efectos como estrategias concretas y prácticas para el aula. Los profesores de las distintas etapas educativas necesitan conocer las estrategias de adaptación para poder enseñar a niños con diversidad funcional y cognitiva. Además, la neurodidáctica ofrece un marco teórico y práctico para identificar particularidades del alumnado y brinda herramientas a los maestros para entender cómo aprende cada estudiante.
- Evaluación continua de la gestión: Para lograr una verdadera inclusión en las escuelas es necesario revisar constantemente cómo se están haciendo las cosas (políticas y prácticas), repartir mejor los recursos que ya existen y fomentar que todos (docentes, familias, directivos y estudiantes) se involucren.
- Cambiar los métodos de evaluación: Para que se centre en el proceso de aprendizaje, sin importar cuales sean sus diferencias o habilidades. Es decir, mediante una evaluación justa y equitativa, sin etiquetas, adaptando lo que se enseña y cómo se enseña para, de forma colaborativa, atender las diferencias y necesidades de todos los estudiantes.
De la teoría a la práctica
Como vemos, aunque es imprescindible aprobar leyes que defiendan la integración de todos los niños y niñas en el sistema escolar ordinario, no basta con eso. Que estos estudiantes acudan a las mismas aulas que sus compañeros sin necesidades especiales no garantiza que se respete su derecho a la educación. Además de compartir espacio físico, necesitan compartir posibilidades de desarrollo y aprendizaje, con adaptaciones de los contenidos y atención personalizada.
Fuente: Ana María Melendo Viñado / theconversation.com
